Política
¿Qué es el voto de censura al que se enfrenta el ministro Nogui Acosta?
En la historia solo un ministro ha recibido este veto por parte del Congreso, uno que no tiene ninguna repercusión legal, pero ningún jerarca quiere recibir. ¿Por qué?
Juan José Herrera 30/6/2023 10:13
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, podría convertirse en los próximos días en la segunda persona en la historia costarricense en recibir un voto de censura por parte de la Asamblea Legislativa.
Se trata de la máxima sanción política que el Congreso le puede otorgar a los jerarcas de la administración pública cuando, a juicio de los diputados, estos hayan cometido actos inconstitucionales o ilegales; o bien, errores graves en perjuicio de los intereses públicos.
A Acosta se le acusa de instrumentalizar el combate contra el fraude fiscal para favorecer los intereses del gobierno de Rodrigo Chaves, específicamente con el cuestionado “megacaso” de evasión que el Ejecutivo insiste, cometió el empresario Leonel Baruch.
Además, se le señala por “amenazar” a la Asamblea Legislativa luego de decir, a manera de ejemplo, que si se cumplía el traslado del 8% del PIB a la Educación, se tendrían que cerrar diferentes entidades, entre ellas, el Congreso.
Por esos dos temas, el Frente Amplio y el Liberal Progresista redactaron dos mociones que, en principio, también sumarían los 19 votos de Liberación Nacional, mientras que la Unidad Social Cristiana analizará su apoyo. Nueva República y Progreso Social Democrático votarán en contra.
Para aprobarse, las mociones necesitan de una mayoría calificada, es decir, 38 votos.
¿Qué significa?
La moción de censura está amparada en la Constitución Política en su artículo 121, inciso 24, precisamente referente a las atribuciones de la Asamblea Legislativa.
Ahí dice que será una potestad del Congreso “formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además, por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos”.
Con este acto los diputados le dicen al Ejecutivo que ya no confían en un jerarca de su administración, pero ese señalamiento no va más allá; es decir, el funcionario puede seguir ejerciendo sus potestades sin ningún castigo más allá del ámbito político.
Sin embargo, la historia reciente está llena de jerarcas que han preferido renunciar antes de recibir este veto. ¿Por qué?
“Evidentemente, no tiene un impacto jurídico, no es coercitiva la decisión porque no estamos en un sistema que permite al Congreso poder incidir en la conformación del gabinete del Ejecutivo, pero sí hay una connotación política, es perder por parte de ese titular la confianza y la credibilidad por parte del Legislativo.
“El voto es decirle al Presidente que esa persona ya no goza de la credibilidad de los diputados y que no lo consideran un interlocutor válido, por lo que si insiste en mantenerlo en el puesto, va a enrarecer aún más el vínculo y afectar la buena gobernanza”, resume el analista político, Sergio Araya.
Solo en el pasado Gobierno, los ministros Édgar Mora (Educación) y Víctor Morales Mora (Presidencia) prefirieron hacerse a un lado antes de enfrentar las consecuencias políticas de esa decisión, lo mismo sucedió con el viceministro Daniel Soto (Planificación).
En esta administración, el actual Congreso tanteó la posibilidad de censurar a la exministra de Salud, Joselyn Chacón, pero esta renunció también antes de que la moción siquiera se presentara.
“No es fácil para un ministro, que además tiene que estar en un diálogo permanente, tener al frente a interlocutores que ya no lo consideran adecuado para el cargo. Lo vimos en su interpelación, con diputados que ya no solo cuestionaban su integridad profesional, sino también personal, esas son cosas que pesan, porque es un poder de la República, no es cualquiera el que está perdiendo la confianza en uno, es un peso fuerte que no todos pueden cargar”, añadió Araya.
En el caso de Acosta, su función está estrechamente vinculada a la del Legislativo, pues por ahí pasan todos los presupuestos, se aprueban los acuerdos y créditos con organismos multilaterales y también las reformas en política tributaria y fiscal, incluida toda la ruta económica que hoy defiende el gobierno del presidente Chaves.
Acosta dijo el miércoles en el Plenario, mientras era interpelado, que se mantendrá en el cargo mientras así se lo pida el mandatario, por lo que parece ser que la última palabra la tendría el Presidente.
“Si él (Chaves) quiere, puede desescalar esta situación y promover esa remoción; o bien, puede perfectamente escalarla y cerrar filas en torno a su ministro y generar un desgaste innecesario y reducir su capacidad de maniobra en esa gobernanza.
“Pero también hay que dejar claro que en esa votación de la moción existe un riesgo de que no se consiga esa mayoría y que el Ejecutivo más bien se dé cuenta de que, en este tema al menos, el Congreso no está tan unido”, finalizó Araya.
El único voto de censura en la historia lo recibió el abogado Juan Diego Castro en 1995, mientras era ministro de Seguridad en la administración de José María Figueres (1994-1998).
A él se le censuró por encabezar un desfile de policías hasta la Asamblea Legislativa, con fusiles M-1, revólveres 9 milímetros y chalecos antibalas.
Castro se mantuvo en la cartera de Seguridad hasta que, poco después, fue trasladado a Justicia por orden de Figueres.
Teletica.com intentó conversar con el exministro, sin embargo, no fue posible localizarlo.
La moción de censura contra Acosta podría conocerse la próxima semana en el Plenario, pues a partir del viernes los diputados saldrán al receso de medio año.