Reelección de magistrado divide al Plenario Legislativo

La reelección del magistrado de la Sala Segunda, Porfirio Sánchez, es el nuevo foco de división en el Plenario Legislativo.

Cuatro fracciones ya acordaron no apoyar la reelección de Sánchez, mientras que las restantes dos lo analizan.

Lo curioso de ese pulso es que el reglamento establece que, para no reelegirlo, se debe conseguir una mayoría calificada, es decir, al menos 38 votos.

Esa matemática “simple” tiene en jaque a los diputados, que se enfrentan al dilema de tener una mayoría de legisladores en contra de la reelección, pero no los suficientes para materializar ese deseo.

Precisamente en la búsqueda de esos votos es que las jefaturas acordaron trasladar esa votación, prevista para este miércoles, para el próximo lunes, pues la manifestación de hoy y el viaje a Limón amenazaba con llenar de ausencias la sesión.

“El gran problema, que a mí me parece que es muy injusto, es que la ley dispone que para poder no reelegirlo necesitamos 38 votos en contra; entonces sí, está la fracción oficialista, dos independientes, el PLP, el FA y Nueva República, pero aun así tendríamos como 28 votos, nos faltarían 10.

“Ahora, yo sí sé que hay varias compañeras de Liberación y el PUSC que no lo van a apoyar, ¿cuántas? No sé, francamente no sé y eso no se va a saber hasta el día de la votación, con la maravilla de que ahora el voto es público”, señaló la oficialista Pilar Cisneros.

Efectivamente, el voto público se revestirá el próximo lunes de una relevancia diferente.

Ese día, a partir de las 3 p. m., el Congreso decidirá si apoya o no la reelección del presidente de la Sala Segunda, un nombre que hasta hace muy poco no tenía cuestionamientos más allá de la mora judicial, pero que ahora se enrarece con acusaciones de presuntos abusos de carácter sexual que, si bien él niega, ponen en tela de duda su nombramiento.

“Este tipo de ataques no se dieron en la Comisión de Nombramientos, que era la oportunidad de presentar estas cosas, pero sacar ahora cuestiones viejas que no llegaron a ningún proceso formal y que incluso ya tienen de por medio una querella, es negarle a la persona su derecho de defensa.

“Desde ese punto de vista es muy fácil de insultar a alguien y ponerlo contra la pared, por eso es totalmente desequilibrado esto. Lo propio sería que el expediente se devolviera a la comisión y ahí se les pregunte a las partes, dar la oportunidad de defensa, no hacerle el escándalo nosotros con toda nuestra inmunidad. Qué sabroso, ¿verdad?”, dice la independiente Gloria Navas, defensora de mantener a Sánchez en el cargo.

La votación pública permitirá que el país conozca qué diputado rechazó y cuál apoyó la continuidad del magistrado, y eso, en el cálculo de quienes lo adversan, tiene un peso importante.

“Quienes lo van a apoyar tendrán que sostener públicamente su voto diciendo que no les preocupa el enorme rezago que tiene el Poder Judicial y que tampoco les preocupa los rumores de acoso sexual que tiene este señor, que insisto, a mí no me constan, pero voy a sustentar mi total oposición en el rezago que tiene en su oficina.

“Yo tengo la esperanza (de que se rechace) porque yo creo que esta Asamblea Legislativa tiene que dar una señal de que se acabó el compadrazgo de los grandes partidos políticos con la Corte, de decir ‘yo lo pongo aquí y usted me debe el favor a mí’. Y yo creo que esos favores han quedado al descubierto en un montón de sentencias que se han dado en el pasado”, insistió Cisneros.

Para Navas, el peso de la opinión pública no puede estar por encima del deber.

“La opinión pública se mueve para un lado y para otro, también con temas subjetivos, ¿verdad? Como abogada con experiencia, no puedo permitirme anular a una persona, quitarle un puesto importante que se ha venido desempeñando correctamente como juez porque a la opinión pública le parece malo.

“¿Dónde están los elementos de juicio? ¿Cómo se llega a esa conclusión? ¿Qué sustenta todo esto? Porque plantear dudas en el aire es muy fácil”, insistió la exjueza.

En medio de ese pulso, Sánchez presentó una querella contra los dos abogados que señalaron esa supuesta conducta impropia e insistió, públicamente, que las acusaciones son infundadas y que su imagen y trayectoria en el Poder Judicial es intachable.