Un menor, en promedio, es encarcelado cada semana por homicidios y tentativas

Cada vez más, los menores de edad son víctimas de los grupos criminales que los reclutan por su vulnerabilidad y fácil manipulación.

Datos de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, fueron entregados a Teletica.com revelan cifras alarmantes.

Del 2019 a 2022, un total de 258 adolescentes, de entre los 12 y 17 años, fueron condenados y enviados a detención provisional (cárcel); 90 de estas personas fueron sentenciadas por homicidio y 168 por tentativas.

En el 2019 las autoridades enviaron a internamiento a 33 menores; en 2020 a 113, en 2021 a 54 y en el 2022 a 58. Es claro el aumento, a lo largo de estos años, de personas que fueron encontradas culpables.

Las penas máximas por delitos graves de menores en Costa Rica se dividen en: 15 años de internamiento en un centro penal para mayores de 15 años, pero menores de 18 y; 10 años de internamiento para mayores de 12 años, pero menores de 15.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aseguró que cada vez más jóvenes están participando activamente en grupos criminales.

"Esto, en buena medida, tiene relación con que una cantidad importante de perpetradores de hechos de homicidio también han sido menores de edad, por lo que, en forma de represalia, los grupos criminales también buscan asesinar a estas personas que han fungido como gatilleros siendo menores de edad.

"A partir de los 18 años, puede ser que perfectamente le impongan 12, 18, 35 años de prisión, dependiendo de la gravedad del hecho, pero en menores de edad las penas rondan los 8 a 15 años de cárcel", comentó Zúñiga.

¿Y la reinserción?

Marianella Corrales, jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia en materia juvenil, considera que el sistema debe de agotar todos los recursos para reinsertar de nuevo en la sociedad a los menores que cometen delitos en Costa Rica.

Además, considera que se debe reaccionar al delito de una forma diferente; si la prisión es la pena ideal y partiendo de que la cárcel funcione, cuando se está en un caso con una persona menor, no se puede asumir que la cárcel es la única sanción.

“Toda decisión frente a un menor debe obligar, aun siendo sancionatoria, pensar en cómo se puede sacar de dónde está y cómo desarrollarse integralmente con un mejor futuro. Ningún niño nace con la intención de ser un delincuente, son víctimas de la sociedad. El Derecho Penal debe servir para darle a la persona herramientas para reinsertarse en la sociedad.

“El adolescente está en proceso de formación, no se puede renunciar a la capacidad integral y a la esperanza de transformar una persona menor de edad. La neurociencia dice que el adolescente está en desarrollo y se puede rescatar, con las herramientas adecuadas, de la criminalidad”, expresó Corrales.

El crimen organizado cada vez busca a personas más jóvenes, hasta de menos de 12 años, porque sabe que el sistema no los juzga ni los castiga.

Las sanciones en adultos son cárcel, arresto domiciliario y algunas accesorias, como la inhabilitación de ciertos beneficios que incluyen la conducción de vehículos o la obligación de firmar cada cierto tiempo en el juzgado. 

Sin embargo, en el caso de los menores, las medidas son socioeducativas e incluyen órdenes de orientación y supervisión, atención psicológica, libertad asistida con terapias y la privativa de libertad es la última de las sanciones que valora un juez.

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