El Gobierno de la República planteó la mañana de este martes una versión "reforzada" de su proyecto de "Ley Jaguar".
La gestión se presentó en los dos frentes a los que acudió el Poder Ejecutivo con el primer texto: en la Asamblea Legislativa y en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Ambas gestiones fueron dadas a conocer en una conferencia de prensa del presidente Rodrigo Chaves y su ministra de la Presidencia, Laura Fernández.
La propia jerarca explicó que el nuevo texto sustituye los vicios que halló la Sala Constitucional al resolver una consulta interpuesta por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre la versión inicial.
Chaves dijo haberse "dado por servido" con una parte de la resolución, que descartó inconstitucionalidades en la propuesta para reformar el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), únicamente para los verbos "sustituir o abarcar". Los magistrados sí encontraron vicios en el caso de los verbos "interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar".
El texto dispone entonces:
"La Contraloría General de la República es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores contemplado en esta Ley. De conformidad con los artículos 11, 183 y 184 de la Constitución Política la Contraloría General de la República, en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones, no podrá sustituir o abarcar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión y en el ejercicio de sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa; tal y como lo precisa el inciso a) del artículo 2 de la Ley General de Control, Ley N°8292 de fecha 04 de setiembre del 2002".
Con estos "ajustes", desde el punto de vista de Chaves y Fernández, no existe justificación alguna para que la solicitud de referendo no avance en ambas vías.
Pero al existir un nuevo trámite, se habilita la posibilidad de plantear nuevas consultas de constitucionalidad y, si bien es cierto el Gobierno ajustó el texto a la primera resolución, lo cierto es que la Sala no entró a estudiar cinco de los nueve numerales, cuatro de las cuales componen la nueva versión.
El expediente se tramita en la corriente legislativa bajo el expediente 24.468, que hasta el cierre de esta publicación no había sido convocado por el Ejecutivo para su discusión en el Congreso.
La iniciativa ciudadana fue presentada por Édgar Espinoza, esposo de la jefa de fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros.