Desafíos de la gobernanza del agua en Costa Rica

Dr. Alexander López / Académico de la Universidad Nacional de Costa Rica.​

El sábado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, momento propicio para recordar que el agua es un recurso finito e imprescindible para la vida en el planeta. 

En 1990, el Voyager 1 tomó la famosa fotografía de la Tierra llamada Pale Blue Dot, nombre que se le otorgó porque la característica más llamativa de nuestro planeta es su color azul, debido a que está cubierto, en su mayoría, por agua (alrededor del 70% de la superficie planetaria). La mayor cantidad corresponde a agua salada, que encuentra en los océanos, mientras que el agua dulce representa tan solo un 2,5 de ese porcentaje. Y, si se descarta la cantidad de agua que está congelada en glaciares o montañas, el agua disponible para el uso humano es un pequeño porcentaje del total, menos del 1%, localizada en lagos, ríos, y aguas subterráneas.

En las últimas décadas, la presión ejercida sobre ese 1% ha sido desproporcionada. El aumento de la población, el crecimiento económico (que genera cambios en los hábitos de consumo), la globalización, la urbanización, el desarrollo tecnológico, el cambio climático, entre otros factores, están generando una presión nunca experimentada por los sistemas de agua dulce en el mundo.

Uno de los espacios donde más urgente es trabajar el tema de la gobernanza tanto a nivel nacional como internacional. Se debe tener claridad que la crisis del agua no es un asunto de mera escasez del recurso hídrico, sino, más bien, una problemática vinculada con su gobernanza.

El agua es un elemento esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, la denominada agenda 2030, con un fuerte impacto en la salud y la prosperidad de las personas y los países. Pero los avances en los objetivos y metas relacionados con el agua siguen estando todavía muy bajos en su nivel de cumplimiento, lo que pone en peligro toda la agenda de desarrollo sostenible.

En términos del cumplimiento de los indicadores asociados al objetivo No. 6 (Agua y Saneamiento) de particular preocupación son los pocos avances en materia de gestión de cuencas y acuíferos transfronterizos, especialmente en Centroamérica. El indicador 6.5.2 de los ODS pone el acento en la existencia de un mecanismo institucional que sea operacional para la gestión de las cuencas y acuíferos transfronterizos. 

Es importante recordar que, en un sistema anárquico, las instituciones ofrecen una cierta capacidad de gobernanza y generan confianza para los actores. Sin embargo, el caso de la gestión del agua en América Latina también demuestra que la falta de capacidad institucional sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrentan las cuencas hidrográficas transfronterizas. Esta falta de capacidad es una de las razones por las que puede resultar difícil alcanzar los objetivos del ODS 6.5.2 en la práctica. 

En el caso de Costa Rica, el tema de la gobernanza es crítico tanto a nivel nacional como transfronterizo. A nivel transfronterizo se ha realizado importantes avances en la gestión de la cuenca del río Sixaola, incluyendo la construcción de infraestructura binacional como el puente sobre el río Sixaola; sin embargo, el panorama es completamente diferente en la cuenca del río San Juan, donde la realidad geopolítica incide en que el esquema de gobernanza binacional sea nulo. 

A nivel nacional, tal y como indica un informe de Mideplan (2018) sobre el cumplimiento del ODS n.º 6 en Costa Rica, Costa Rica posee altos niveles de cobertura respecto a la mayoría de países latinoamericanos. En materia del acceso y uso del agua potable cuenta con amplia cobertura para la prestación del servicio; no así en materia de saneamiento de agua, pues la cobertura es mucho menor. 

Uno de los grandes problemas que el país tiene en materia de gobernanza es la arquitectura institucional, la cual es dispersa y fragmentada. Costa Rica durante muchos años ha carecido de un plan nacional y está basada en planes sectoriales que realizan las instituciones correspondientes, que se caracteriza por su fragmentación y dispersión. Un claro ejemplo de los problemas de gobernanza en Costa Rica es el contar con una de las legislaciones en materia de aguas más antiguas de Centroamérica, la “Ley de Aguas” de 1942 (Ley 276), la cual determina principalmente lo que refiere al agua de propiedad nacional y la de dominio privado. 

Tal y como lo indica el Estado de la Nación (2024) Costa Rica alcanzó un amplio acceso al agua potable (92,4), en donde el riego fue clave, cuando la agricultura era clave para el país, además permitió tener una base energética limpia y reducir la incidencia de enfermedades derivadas del consumo de agua no potable. Sin embargo, tal y como el mismo informe señala, Costa Rica ha sido débil para abordar varios desafíos paralelos.

Primero, la desigualdad social. Estas desigualdades se traducen en conflictos. En el Pacífico Norte han sido recurrentes las acciones colectivas en torno al uso de las fuentes, así como en Hatillo se experimentó una tensa protesta social en 2024, vinculada con los problemas de continuidad del servicio. Segundo, que el agua utilizada se devuelve sin tratar a los cuerpos de agua o va a tanques sépticos, con pocos controles y con implicaciones negativas. Tercero, el manejo de los residuos sólidos es débil y eso genera presión sobre las cuencas, particularmente en la GAM y en provincias con bajo nivel de recolección, como Guanacaste.

En conclusión, el problema principal que presenta Costa Rica, en lo que se refiere al agua, radica sobre todo en la actualización de su gobernanza que permita resolver, entre otras cosas, el fraccionamiento de su política pública en materia hídrica, el tratamiento de aguas residuales, la carencia de infraestructura hídrica tanto de acueductos como de alcantarillado, y los conflictos asociados al agua.

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