Congreso aprueba vía para perseguir los llamados “capitales emergentes”

El Plenario Legislativo aprobó esta tarde, en primer debate, el proyecto de ley para perseguir el enriquecimiento ilícito, conocido popularmente como “capitales emergentes”.

La propuesta, presentada por el pasado Gobierno, permitirá al Ministerio Público congelar los bienes de una persona cuando se detecte un incremento patrimonial sin causa lícita aparente.

Ese incremento, según el texto finalmente aprobado, no tendrá un mínimo establecido, por lo que la intervención será discrecional para las autoridades.

La tesis que imperó en el Plenario es que, al no existir un monto mínimo, se podía prevenir que los delincuentes distribuyan los recursos entre diferentes personas y de esa manera aprovechar ese portillo para evadir la ley.

Sin embargo, diputados como el liberal Eli Feinzaig insistieron en que es precisamente ahí donde radica el principal error de la propuesta.

“El proyecto dice que si hay un incremento patrimonial sin causa lícita aparente entonces el Ministerio Público va a poder solicitar el congelamiento de esos bienes sin que se haya presentado una denuncia contra el ciudadano del que se sospecha haya tenido ese incremento, luego se le da una audiencia para que demuestre el origen lícito de los bienes, en vez de que sean las autoridades las que demuestren ese origen ilícito.

“En un país con el nivel de informalidad que tiene Costa Rica, cualquier persona que tenga un incremento patrimonial, una persona que se compre una pantalla plana de 70 pulgadas podría ser acusada de un incremento patrimonial sin causa ilícita aparente, y eso le abre un riesgo enorme a los ciudadanos, a los emprendedores”, criticó el economista.

Feinzaig insistió en que, además, el proyecto permite al Ministerio Público intervenir sin que exista una denuncia presentada, pues lo que las autoridades buscan es evitar alertar a los presuntos delincuentes sobre esa intervención y así desaparecer esos bienes.

“Aquí lo que se está haciendo es invertir la carga de la prueba. Cuando este proyecto se apruebe, el ciudadano será culpable hasta que demuestre lo contrario.

“Si usted compra un vehículo y las autoridades le piden que demuestren el origen lícito, y usted está en la informalidad, va a tener un serio problema para demostrarlo”, insistió el diputado.

La propuesta, aprobada por amplia mayoría, es parte de los proyectos incluidos dentro de las prioridades de los supremos poderes y uno de los temas por los que más ha presionado tanto el presidente Rodrigo Chaves como el propio Poder Judicial.