La tercera y última versión de la “Ley Jaguar” es “absolutamente innecesaria y carente de interés”.
Así lo aseguró este miércoles la contralora general, Marta Acosta, en audiencia ante la Comisión de Gobierno y Administración, encargada de analizar lo que resta del proyecto estrella del Poder Ejecutivo.
La iniciativa, luego del examen constitucional, se sostiene con un solo artículo que pretende modificar el numeral 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría, según el Gobierno para eliminar la posibilidad de que el ente contralor “coadministre” o “cogobierne” en decisiones que, dice el Ejecutivo, son competencias exclusivamente suyas.
“Señalar que es para evitar una diferencia de criterio que se tiene con la Contraloría, respecto de un proyecto de Gobierno determinado en el ejercicio de control que la Constitución le ha encomendado a la Contraloría, lejos de resultar una válida justificación, constituye una afrenta a los mecanismos de control dispuestos por el constituyente frente al ejercicio del poder.
“El órgano controlar no coadministra, no hay ejemplos en estrados judiciales que hayan dicho lo contrario, por otra parte, sí hay casos donde expresamente se indicó en sede judicial que la Contraloría no coadministra”, aseveró Acosta.
La contralora se apoyó en la propia resolución de la Sala Constitucional y el informe del Departamento de Servicios Técnicos para reiterar que la reforma propuesta es innecesaria y que, además, representa una amenaza a las labores de fiscalización de esa entidad, lejos de fortalecerla como defiende el Ejecutivo.
“La prohibición (de coadministrar) ya existe. La propuesta es reiterativa y no innova, por lo que resulta absolutamente innecesaria y carente de interés.
“Las reformas al marco jurídico que afectan la independencia garantizada en la Constitución Política y disminuyen seriamente las competencias de una entidad de fiscalización superior como la Contraloría, incluidas en este proyecto en sus diversas funciones, representan severos riesgos para el control de los recursos públicos, entre ellos, menor independencia y objetividad, limitaciones en el control de gasto público, incremento de la corrupción, deterioro de la transparencia, debilitamiento de los insumos que se le brindan al primer poder de la república, impacto en la prestación de los servicios públicos, centralización del poder público”, concluyó Acosta.
Los diputados de oposición ya habían adelantado su voluntad a estudiar la propuesta vía trámite legislativo, pues el Gobierno insistía en hacerlo por el camino del referendo, uno que les negó el Tribunal Supremo de Elecciones.